La iniciativa en la ONU está encabezada precisamente por Pakistán como país portavoz de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), el mayor grupo de presión mundial de los estados musulmanes. La OCI cuenta con una mayoría de miembros en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, compuesto por 47 países. Desde hace años, y a impulsos del gobierno de Islamabad, viene aprobando anualmente una resolución en contra de la «difamación de religiones». El texto ya aprobado hace meses en la instancia menor de la ONU condena las críticas que aparecen en la prensa libre contra el islam radical, acentuadas desde el 11-S. El objetivo de los estados musulmanes es buscar los apoyos suficientes en la Asamblea General para aprobar la resolución durante el actual periodo de sesiones.
Estados Unidos, a través de la secretaria de Estado, Hillary Cinton, ha rechazado la iniciativa musulmana en la ONU por considerar que es contraria a la libertad de expresión. Tanto EE.UU. como los gobiernos europeos advierten de que, además, la condena legal de la «difamación de religiones» esconde el peligro de que sirva para acentuar la persecución de las minorías religiosas. De hecho, en su informe anual de la libertad religiosa en el mundo, el Departamento de Estado acaba de incluir a Pakistán y a Irak en la lista de países «que causan especial preocupación», por el incremento de ataques islamistas a sus minorías cristianas.
Juristas y académicos coinciden también en el rechazo de la iniciativa adoptada por los estados islámicos. La difamación —afirman— puede ser jurídicamente punible sólo cuando se refiere a personas, y no a conceptos o sentimientos.
El sistema penal de muchos estados musulmanes, basado en la sharía, el código legislativo del Corán, establece en cambio la «ley de la blasfemia», que en la práctica se limita a condenar sólo los insultos referidos al libro sagrado y al profeta Mahoma —y lleva aparejada la muerte—, y no contempla ninguna pena para los insultos a otras religiones.
Este mes, un tribunal paquistaní condenó a muerte a una campesina cristiana, Asia Bibi, de 45 años y madre de cinco hijos, encarcelada hace año y medio después de que varios testigos musulmanes la acusaran de haber proferido insultos al Corán. Pakistán, el segundo mayor estado islámico con 170 millones de habitantes, cuenta con un 4 por ciento de cristianos.
El «dilema» de Zardari
La intervención a favor de Asia Bibi del gobernador de la provincia del Punjab, Salman Taseer, convencido de su inocencia, ha puesto al gobierno de Zardari ante un aparente dilema. Aunque las autoridades de Islamabad subrayan que la «ley de la blasfemia» no será derogada, y ni siquiera retocada, la disposición de Zardari a indultar a la cristiana ha disparado las amenazas de los dirigentes islamistas paquistaníes, que hace días lanzaron a miles de estudiantes de las madrasas (escuelas coránicas) a las calles para protestar contra la liberación de Asia Bibi.
El lunes pasado, el tribunal supremo de Lahore prohibió el indulto presidencial de Asia Bibi hasta que no se resuelva el proceso de apelación de la pena de muerte.
Zardari, viudo de Benazir Bhutto teme no sólo la protesta violenta de los radicales sino también la retirada del apoyo legislativo de los partidos islamistas a su gobierno. El dilema del presidente se presentará con crudeza en caso de que el tribunal supremo no absuelva finalmente a la campesina cristiana, y sólo quede la vía del indulto.
El caso comenzó hace año y medio, cuando la mujer cristiana discutió con varias compañeras musulmanas, que la habían recriminado por beber del mismo cubo de agua. Varios musulmanes de la aldea la denunciaron ante el juez por presuntos insultos a Mahoma, y fue encarcelada. Debido a su falta de medios, Asia Bibi no pudo demostrar su inocencia y a comienzos de este mes un tribunal del Punjab dictó la sentencia de muerte prevista en la legislación.
Francisco de Andrés/ABC
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