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El Gobierno de Morales amenaza a la Iglesia con expropiarle sus bienes y exigirle impuestos

Una nueva crisis ha estallado en Bolivia a raíz del anuncio de altos representantes del poder Ejecutivo y Legislativo del Estado boliviano, presidido por Evo Morales, de que harán pagar impuestos a la Iglesia católica bajo la amenaza de expropiación de sus bienes inmuebles.

Es el segundo punto álgido, en el mes de noviembre pasado, de unas relaciones que nunca han sido fluidas entre la Iglesia católica y el Gobierno del indigenista y cocalero Morales.


El anuncio de “reversión” de los bienes de la Iglesia fue hecho por autoridades del más alto nivel, mientras colean los efectos de las amenazas de los cocaleros al obispo Solaris de Cochabamba por advertir pastoralmente a sus fieles del microtráfico de cocaína, especialmente usando a menores. Los productores de coca exigen la expulsión del obispo fuera del país.

Este lunes, el ex canciller y ex embajador de Bolivia en el Vaticano, Armando Loaiza,   recordó que obligar a pagar impuestos a la Iglesia católica va contra los convenios  internacionales, firmados en el siglo XIX entre Bolivia y la Santa Sede.

La Iglesia católica paga impuestos fijados por ley, mientras que hay otros, de los que está exenta, por convenios con el Estado, señaló por su parte el obispo Jesús Juárez de El Alto, una de las diócesis más desfavorecidas del país.

Estas afirmaciones ya fueron corroboradas en diciembre de 2008 por la entonces presidenta del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) Marlene Ardaya, quien dijo que la Iglesia católica “está pagando sus impuestos de otro tipo de actividades que tienen características comerciales, por ejemplo las universidades: está la Universidad Católica, la Salesiana, o en su caso los colegios católicos”. 

Ardaya aclaró que las instituciones religiosas no pagan tributos por actividades explícitamente referidas a la fe. “Nadie paga impuestos de eso, ninguna Iglesia, ni la cristiana, católica ni nadie, porque es un tema de orden de fe, es muy subjetivo el tema, es decir, qué pasaría con aquellos que creemos en los ritos aymaras, las ‘mesas’, las ‘milluchadas’, tendríamos que pagar impuestos”.

Por otra parte, el diario La Estrella de Iquique, de Chile, informaba que el 31 de julio del presente año el cuerpo de Carabineros de Chile detuvo en la frontera a un niño boliviano de catorce años transportando 160 kilos de droga.

El obispo Tito Solari, en cuya diócesis se incluye el Chapare --región cocalera desde la que Evo Morales se lanzó a la vida política--, advirtió: “Hay jóvenes de colegios de secundaria que, en la noche, salen para trabajar en el tráfico de cocaína”.

Los seis sindicatos de cultivadores de coca del Chapare, cuyo líder es el presidente de Bolivia, dieron el sábado pasado un nuevo plazo de 48 horas para que Solari se retracte  de sus afirmaciones.
Un seguimiento de Naciones Unidas revela que Bolivia, con más de 30.000 hectáreas plantadas, es el tercer productor de coca del mundo, con un 18% del total, detrás de Perú y Colombia. Las autoridades bolivianas estiman que, de ese volumen de coca, entre un 35 y un 40% se desvía al narcotráfico.

El subjefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Cámara de Senadores de la República de Bolivia, Eugenio Rojas anunció que el Gobierno de Evo Morales “revertirá” las propiedades de la Iglesia católica si no paga impuestos, por considerar que es una institución privada. [En realidad es una expropiación por que “revertir” al Estado, inmuebles que nunca fueron del Estado, parece un término impropio].

Rojas dijo también que “los diezmos son aportes voluntarios de cada miembro [de la Iglesia], eso no se puede aplicar como impuesto, pero sí se puede y se deben aplicar impuestos a las propiedades inmuebles porque no prestan servicio efectivo a la población”.
Las declaraciones de Rojas siguieron al conflicto suscitado por algunos integrantes del Gobierno boliviano contra la Iglesia, a raíz de la advertencia pastoral a sus fieles del arzobispo de Cochabamba, Tito Solari sobre el uso de menores para la venta de coca.

Tras sus amenazas, el senador del MAS anunció sin embargo que mejorarán los convenios educativos entre Iglesia y Estado. Su amenaza responde a “denuncias” --dijo sin identificar a tales denunciantes--, y anunció “una investigación” porque, añadió, la Iglesia católica “no sólo tiene propiedades como capillas, unidades educativas o centros de salud, sino que hay otras que son de otra índole”.

El también senador del MAS David Sánchez afirmó que, con la nueva disposición, ya no hay privilegios para nadie. “Nosotros hemos entendido que ya no hay fuero especial para nadie con la Constitución y con el nuevo Estado, ya no hay privilegios ni para unos ni para otros, como la [Iglesia] Evangélica y las demás”, dijo Sánchez.

El cardenal Julio Terrazas, recientemente reelegido presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, en su 88 Asamblea celebrada en noviembre último precisamente en Cochabamba, en la homilía dominical en su Archidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, llamó a todos a no perder el ánimo ante los constantes ataques del Gobierno.

“No debe desalentarnos este problema que se ha suscitado allá con nuestro hermano el arzobispo de Cochabamba [Tito Solari], no es un motivo para desalentarnos, sino un motivo para darle gracias a Dios, que quiere que nos mantengamos despiertos, vigilantes y listos a tomar las acciones debidas para impedir que la muerte se vaya apoderando de personas, de grupos o de espacios físicos”, dijo el cardenal Terrazas durante la eucaristía celebrada en la catedral.

El cardenal boliviano también condenó el robo sufrido en el Museo de la catedral, asegurando que les pueden robar todo lo material pero la fe jamás: “Es doloroso lo que ha sucedido, es repudiable”, señaló. El 11 de noviembre pasado robaron reliquias valiosas del Museo que hasta ahora no han sido encontradas.

El cardenal llamó a todos los fieles hijos de Dios a decir la verdad, donde haya víctimas de la injusticia del narcotráfico. Los ataques a la Iglesia proceden del Gobierno y también de los cocaleros del Chapare que este sábado dieron un ultimátum de 48 horas para la expulsión de monseñor Tito Solari de Cochabamba.

En Bolivia, hay 1.469 establecimientos educativos católicos y 1.600 parroquias, santuarios o conventos, y 250 hogares y otros centros, aunque como se sabe, la mayoría de las propiedades de la Iglesia católica proceden de donaciones de sus fieles, o de otras instituciones a lo largo de la historia.

Todas las instituciones que administra la Conferencia Episcopal Boliviana gozan de una exención del pago de impuestos a la propiedad. El considerar entidad benéfica libre de impuestos a la Iglesia católica es consecuencia de los concordatos entre el Vaticano y Bolivia de 3 de agosto de 1993, ratificados en 1995 por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La actual Constitución boliviana establece la independencia del Estado en materia religiosa. La anterior, de 1967, en su artículo 3, decía que “el Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana”. Ahí es donde los obispos propusieron un cambio para que otras confesiones pudieran gozar de la misma situación, Carlos Velásquez --secretario ejecutivo de la Comisión de la Conferencia Episcopal Caritas Bolivia- afirmó este sábado que la Iglesia católica solicitó meses antes de la apertura de la Asamblea Constituyente, el 6 de agosto, separarse del Estado para promover la apertura a otras confesiones religiosas.

El 3 de mayo de 2006, antes de instalarse la Asamblea Constituyente, la Conferencia Episcopal de Bolivia solicitó públicamente la revisión del artículo 3 de la Constitución Política del Estado (CPE) “que tantas malas interpretaciones generó para ponernos a tono con las actuales circunstancias”, explicó Velásquez, en una entrevista concedida a la Red Erbol.

Velásquez mencionó que con esta acción, los obispos sugerían que la Constitución podría decir: “El Estado reconoce y sostiene a la religión católica, apostólica y romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado boliviano y la Santa Sede”.

La decisión de renunciar a su privilegio era una respuesta coherente a las orientaciones del Concilio Vaticano II.

Velásquez concluyó que era  “una muestra del respeto a las autonomías” y de la esperanza en una sana cooperación porque “el Estado y la Iglesia tienen enfrente al ser humano, cuya dignidad y el bien común debe ser respetados”.

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