La decisión de los jueces de Estrasburgo generó un intenso debate no sólo en Italia sino en muchos otros países de Europa.
La respuesta del Gobierno italiano fue rápida y llegó a través de un recurso contra la sentencia. Éste fue recibido el pasado mes de marzo y el miércoles 30 de junio empezó a ser examinado, aunque los jueces podrían tardar meses en emitir una sentencia definitiva sobre el caso.
El ministro de Exteriores de Italia, Franco Frattini, manifestó su confianza en que todo este asunto llevará a un "resultado positivo". El jefe de la diplomacia italiana define la defensa del crucifijo en los lugares públicos como "una gran batalla por la libertad y por la identidad de nuestros valores cristianos".
"La audiencia del 30 de junio mostró una extraordinaria intervención del representante italiano y una intervención igualmente importante de representantes de diez países, todos los cuales apoyaron la posición de Italia", explicó Frattini. Estos diez países son Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Malta, Lituania, Mónaco, San Marino, Rumania, y la Federación Rusa.
La prensa italiana destacó que este debate tiene lugar justo en el mismo momento en que España discute la conveniencia de aprobar una ley sobre libertad religiosa, "que además de quitar los crucifijos de las aulas y de las oficinas públicas, prevé ceremonias no religiosas con ocasión de los funerales de Estado".
La sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pasado mes de noviembre respondía a la presentación de Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés, que en 2001 había pedido al instituto estatal italiano en el que estudiaban sus dos hijos que quitara el crucifijo de las aulas.
Tras numerosos intentos ante los tribunales italianos, la mujer decidió recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente le dio la razón y declaró que la usanza italiana de exponer un crucifijo en las aulas de las escuelas públicas era una violación de los derechos fundamentales.
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