El ministerio de Interior pakistaní ha ordenado a las provincias que procedan a ahorcar a los prisioneros que hayan agotado los recursos de apelación y clemencia.
El sangriento atentado talibán del pasado mes de diciembre contra una escuela militar del noroeste de Pakistán, en la que murieron cerca de 150 personas, la mayoría niños, activó parcialmente la pena de muerte, que se hallaba suspendida por una moratoria.
En medio de un país conmocionado por la tragedia, en duelo permanente por las víctimas y sumido en funerales multitudinarios, el gobierno decidió usar la pena capital para castigar únicamente los delitos de terrorismo, a pesar de que la medida no fue bien recibida por la ONU, la Unión Europea (UE) y diversas organizaciones de derechos humanos.
Desde entonces han sido ejecutados 24 condenados. Ahora, el ministerio de Interior quiere hacer extensiva la pena capital a todos los reos en el corredor de la muerte.
Hasta el levantamiento provisional de la moratoria en diciembre, en Pakistán no se registraban ahorcamientos de civiles desde 2008. Durante ese periodo solo fue ejecutado un soldado, juzgado por una corte marcial.
La facilidad con la que el gobierno reniega de sus compromisos, tomados hace solo dos meses es estremecedora, dijo la abogada de la organización Justice Project Pakistan (JPP), que defiende los derechos de los condenados a muerte.
Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, en Pakistán hay más de 8.000 prisioneros a la espera de ser ejecutados.
Los defensores de la pena capital en Pakistán argumentan que es la única forma efectiva para luchar contra el terrorismo de los rebeldes.
El sistema judicial pakistaní es tremendamente lento, y muchos casos se extienden durante años. Los procesos penales otorgan mucha importancia a los testimonios y no hay garantías de seguridad para jueces y fiscales. Esto implica que los casos en los cuales hay involucrados grupos armados son difíciles de llevar, debido a las intimidaciones que reciben los participantes, que son disuadidos para que levanten los cargos.
El largo y tortuoso proceso de defensa legal contra Asia Bibi estaba a la espera de presentar, el próximo mes de abril, una nueva petición de apelación a la sentencia de muerte, después de que la Corte Suprema paquistaní la rechazara el pasado 22 de diciembre. De acuerdo al sistema judicial paquistaní, este procedimiento de apelación podría llegar a prolongarse hasta 3 años. Ahora, con la pena de muerte de nuevo activada, nadie sabe qué puede pasar.
Mientras, desde su celda en la cárcel de Multán, Asia sigue afrontando su sufrimiento con fe: Me veo en la Cruz de Cristo, en la certeza de que muchos hermanos y hermanas en todo el mundo están cerca y están rezando por mí. Rezo y espero que un juez reciba la luz de Dios y tenga la valentía para ver la verdad.
El caso de Asia Bibi se remonta a 2009, cuando trabajaba en el campo con otras mujeres musulmanas. Al ir al pozo a tomar un poco de agua, fue acusada por sus compañeras de haber hecho impura el agua para el resto de trabajadores por su condición de cristiana.
Al día siguiente esta madre de familia fue atacada por una turba y llevada a una comisaría por su seguridad, donde fue acusada de blasfemia contra Mahoma. En 2010 fue condenada a morir en la horca bajo la ley de blasfemia. Sin embargo, Bibi ha expresado siempre que es inocente y que nunca ha insultado al Islam.
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