Numerosos grupos paramilitares armados, muchos de los cuales ya intervinieron en la guerra civil que se inició en 2011, siguen activos por todo el país. Los ataques contra las minorías religiosas empezaron en octubre de 2011 y han continuado a lo largo de los años 2012 y 2013.
Mientras se espera la elección de los 60 miembros de la Asamblea Constituyente, el país está gobernado según los principios de la Declaración Constitucional provisional promulgada el 3 de agosto de 2011, por el Consejo Nacional del Transición.
El preámbulo de este documento invoca el “espíritu islámico” y el artículo 1 declara que “el Islam es la religión del Estado y la jurisprudencia islámica (sharía) es la fuente principal de la legislación”1. Sin embargo, también añade: “El Estado garantizará a los no musulmanes la libertad de practicar sus ritos religiosos”.
El artículo 6 establece que “todos los libios serán iguales ante la ley. Disfrutarán de los mismos derechos civiles y políticos, tendrán las mismas oportunidades y estarán sujetos a los mismos deberes y obligaciones públicos, sin discriminación por razón de religión, doctrina, lengua, patrimonio, raza, parentesco, opiniones políticas y estatus social, tribal, de privilegio o familiar”.
Esta “protección constitucional” de la libertad religiosa es la primera de este tipo en este país desde 1969. No obstante, siguen en vigor muchas de las leyes promulgadas por Gadafi, que restringen la libertad religiosa. Aún así, según el Informe sobre Libertad Religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos,el Gobierno no las ha aplicado con rigor desde el derrocamiento del líder anterior.
En ausencia de leyes relativas a las conversiones religiosas, el proselitismo entre musulmanes puede acabar en arresto, tal y como viene ocurriendo desde el derrocamiento de Gadafi. Más aún, con frecuencia han acusado al Gobierno de no actuar ante ataques perpetrados contra lugares de culto no musulmanes.
Respecto a las instituciones educativas, todos los colegios abiertos para los ciudadanos libres, ya sean públicos o privados, tienen que impartir la asignatura de religión islámica, no habiendo ninguna formación religiosa alternativa.
En el país hay diversos lugares de culto no islámicos: católicos; ortodoxos rusos, griegos y ucranianos; evangélicos, y de la Iglesia de la Unidad. La comunidad judía ha quedado reducida a un puñado de miembros, ya que la mayor parte de ellos abandonaron el país entre los años 1948 y 1967. Los representantes judíos afirman que, por razones de seguridad, todavía no pueden regresar al país para volver a abrir la sinagoga de Trípoli.
La Iglesia católica está presente en distintos lugares de Libia y tanto el clero como los religiosos siguen trabajando en hospitales y orfanatos, y atendiendo a ancianos y discapacitados.
Respecto a los musulmanes, el Ministerio de Awqaf y Asuntos Islámicos, organización cuasi benéfica presente en todo el mundo islámico africano, tiene autoridad sobre las mezquitas, controla al clero, y garantiza que las prácticas religiosas sean conformes a la normativa gubernamental.
Este mismo organismo proporciona a los imanes los textos de los sermones, textos que con frecuencia contienen asuntos de naturaleza política y social.
No obstante, las nuevas autoridades disolvieron en 2011, y no han restablecido, la policía religiosa que antes se encargaba de vigilar el comportamiento de los ciudadanos en cuestiones religiosas.
Este es el motivo de que hayan cesado prácticas como el arresto de los imanes que no se atenían al texto de los sermones impuesto por el Gobierno o de creyentes musulmanes que no participaban en las oraciones de la tarde (actitud que en época de Gadafi se consideraba como muestra de extremismo).
Sin embargo, hay que mencionar que el Gobierno sigue empleando a grupos paramilitares, vestidos con uniformes de las fuerzas de seguridad, que ahora pueden realizar arrestos “oficiales”.
En el año 2012, por iniciativa del Consejo Nacional de Transición, se creó la Oficina del Gran Muftí. Se trata de un clérigo que tiene la potestad de emitir interpretaciones autorizadas (fatwas) en cuestiones religiosas.
Pero el estatus legal de sus declaraciones no es superior al de las opiniones emitidas por cualquiera de los distintos clérigos islámicos nombrados por grupos independientes autorizados.
Para los musulmanes, el derecho de familia, que abarca asuntos como las herencias, el divorcio y el derecho a la propiedad, se administra según la sharía.
No se exige la conversión de la mujer no musulmana que se casa con un musulmán (aunque en la práctica es frecuente que se vea obligada), pero el varón no musulmán tiene que convertirse al islam si quiere casarse con una mujer musulmana.
El Ministerio de Asuntos Islámicos también se ocupa de las cuestiones de familia, de los no musulmanes, pero en este caso sigue una legislación distinta, basada principalmente en los precedentes legales de los países vecinos.
Respecto a la libertad de expresión, las normas impuestas por las nuevas autoridades parecen ser menos estrictas que las de la época de Gadafi, tal y como indica el informe de Freedom House sobre libertad en internet.
Sin embargo, al parecer, numerosos periodistas y blogueros, que muestran mayores deseos que en el pasado de utilizar su nombre real en la web, siguen recelosos de abordar temas religiosos directamente, no tanto por miedo al Estado, cuanto porque les preocupa la reacción de los grupos paramilitares extremistas del país.
Reporteros sin Fronteras informó de que, en marzo de 2013, Mansur Ati, editor del diario independiente Ajbar Aydabiya, con sede en la ciudad de Aydabiya, en la zona oriental del país, tuvo que disculparse oficialmente ante el Ministerio de Asuntos Islámicos por publicar un poema que el ministerio consideró “apóstata”.
Acabó viéndose obligado a dimitir tras recibir amenazas de personas, que se cree que pertenecen al grupo paramilitar Ansar al Sharía, cuyos milicianos destruyeron las oficinas de la editorial del periódico unos días después.
El 25 de agosto de 2013, Nabil Shebani, director del canal de televisión Al Asema, fue interrogado durante varias horas por el Comité Supremo de Seguridad del Ministerio del Interior en relación con la cobertura dada por Al Asema a la destrucción de mezquitas y tumbas sufíes en Trípoli. Quedó en libertad sin cargos.
Debido a algunos carteles utilizados durante la campaña electoral de 2012, dos miembros dirigentes del Partido Nacional Libio fueron acusados de blasfemia. Ali Tekbali, responsable de la campaña electoral, y Fathi Sager, secretario general del partido, podrían ser condenados a pena de muerte.
Entre los delitos que se les imputan destacan “incitar a la división” e “insultar a la religión”, cargos que según las leyes libias pueden suponer el castigo de pena capital.
La redada realizada por las fuerzas de seguridad, que teóricamente responden ante el Ministerio del Interior, se produjo cuatro meses después de las elecciones. Human Rights Watch ha calificado la legislación al respecto como “arma para acabar con la libertad de expresión”.
Se han producido numerosos ataques contra la comunidad cristiana. Entre los más graves destaca el perpetrado contra la iglesia ortodoxa copta de Misrata el 29 de diciembre de 2012, que constituyó el primer ataque dirigido específicamente contra un lugar de culto cristiano desde la revolución de 2011.
En el exterior de la iglesia explotó una bomba que provocó la muerte de dos personas y heridas a otras tres. Los funcionarios del Gobierno condenaron el ataque y prometieron que se investigarían los hechos. Sin embargo, la identidad y los motivos de los agresores aún siguen sin conocerse y no se ha producido ningún arresto en relación con el suceso.
En febrero de 2013, arrestaron a cuatro extranjeros (sueco-americano, surafricano, egipcio y surcoreano) bajo sospecha de ser misioneros cristianos dedicados a editar y distribuir libros cristianos.
Según las leyes de la época de Gadafi, que aún no se han abrogado, este cargo de proselitismo, que ellos han negado en rotundo, teóricamente podría implicar la pena de muerte.
Este grupo de personas fue arrestado por la supuesta Seguridad Preventiva, en realidad un grupo paramilitar que, en principio, responde ante el Ministerio de Defensa.
En declaraciones al periódico británico The Guardian, el Rvdo. Vaishar Baikaran, ministro de la Iglesia anglicana de Trípoli, explicó que las principales Iglesias cristianas del país han evitado este tipo de problemas desde siempre gracias al acuerdo tácito de no hacer proselitismo ni distribuir literatura religiosa. En abril, el Libya Herald confirmó la liberación de uno de los cuatro.
Un día antes, en un suceso independiente, también se dejó en libertad sin cargos a cuatro egipcios coptos que llevaban en prisión aproximadamente un mes por acusaciones similares. Fueron repatriados a cambio de la extradición de dos antiguos funcionarios de la época de Gadafi presos en Egipto.
A finales del mismo mes de febrero, se produjo un nuevo ataque contra una iglesia copta ortodoxa, esta vez en Bengasi. En esta ocasión, dos sacerdotes coptos sufrieron la agresión, tal y como confirmaron las autoridades a través de su agencia oficial de noticias, LANA.
Los hechos se produjeron poco después del arresto de 48 egipcios coptos acusados de proselitismo. Eran vendedores del mercado local a los que habían denunciado por poseer biblias, folletos cristianos y fotografías del anterior Papa, Shenuda III. La detención se basó en que realizaban “actividades sospechosas”. Posteriormente fueron expulsados de Libia a pesar de que se habían retirado los cargos, salvo el de “entrada ilegal” en el país.
De regreso en Egipto, dos de los detenidos relataron a Associated Press cómo los habían torturado y cómo habían visto torturar a otros cristianos coptos durante el tiempo que pasaron en la cárcel. También culparon de su arresto al grupo paramilitar Escudo de Libia, uno de más poderosos de Bengasi, al mando de un exrebelde islamista, Wasam Bin Hemad.
Los pistoleros habían identificado a los cristianos como tales, cuando les obligaron a enseñarles las muñecas, donde los coptos llevan cruces tatuadas.
El 14 de marzo de 2013, la iglesia ortodoxa rusa de Bengasi volvió a ser atacada; esta vez, los agresores prendieron fuego al edificio, después de obligar a los fieles a abandonarlo.
Durante las celebraciones de la Pascua se habían tomado medidas de seguridad para proteger las iglesias cristianas y a sus fieles; por ejemplo, habían colocado policías en el exterior de la catedral de Trípoli.
La comunidad anglicana, por su parte, decidió no realizar la tradicional Procesión de las Palmas por las calles de la ciudad.
En otro acto de intimidación, el párroco de la iglesia católica de San Francisco de Dahra, en Trípoli, sufrió el ataque de un hombre que abrió fuego contra él con un kalashnikov.
A mediados de marzo se produjeron varios ataques en la ciudad de Bengasi. Uno de ellos se cobró unas 15 víctimas y al parecer fue obra de grupos yihadistas; otro (según el testimonio del arzobispo Martinelli, vicario apostólico en Trípoli) tenía como objetivo la iglesia de la Inmaculada Concepción en Derna (Cirenaica).
Colocaron una bomba cerca de la entrada de la iglesia. Monseñor Vincent Landel, arzobispo de Rabat y presidente de la Conferencia Episcopal regional del Norte de África, denunció que, en vez de tomar medidas para hacer frente a estos actos de violencia y al clima de inseguridad, “las autoridades han pedido a las comunidades religiosas que abandonen el país”.
En la práctica, en la zona oriental del país (Cirenaica), entre 2012 y 2013 muchas congregaciones religiosas se han visto obligadas a abandonar sus conventos, alguna de ellas después de casi un siglo ininterrumpido de presencia en el lugar, como señaló monseñor Martinelli.
Pero los fundamentalistas islámicos no sólo han tenido como objetivo de sus agresiones y hostigamientos a las comunidades cristianas. En 2013, igual que en 2012, muchos lugares sagrados de los musulmanes sufíes fueron atacados hasta en dos ocasiones.
El 29 de marzo, unos extremistas arremetieron contra uno de los símbolos más importantes de esta rama del islam, el mausoleo de Sidi Mohamed Landulsi, en Tayura, barrio situado a las afueras de Trípoli. Los fundamentalistas islámicos lanzaron bombas contra esta tumba, declarada monumento nacional, acto condenado por el presidente del Consejo de Trípoli como “contrario al islam”.
Entre febrero y mayo de 2013, el santuario sufí de Hamid Hudairi, en Sebha, también fue atacado en dos ocasiones. Durante el segundo ataque, un cohete causó graves desperfectos en la estructura.
Además, varios grupos islámicos divergentes han sufrido violentos ataques y/o arrestos por “proselitismo”. En diciembre de 2012 cinco pakistaníes de la comunidad musulmana ahmadí fueron arrestados en un barrio de Trípoli. En la misma operación también se buscaba a un ciudadano libio. Al parecer una tercera persona fuearrestada por haberse convertido.
El 15 de enero de 2013 un predicador musulmán, el jeque Kakri Husein Yahani, fue asesinado con una granada en las afueras de la mezquita de Misrata. Considerado por casi todos como un “salafí moderado”, Yahani había condenado en sus sermones a los “falsos salafíes” y su práctica de calificar como “infieles” a otros musulmanes.
En conclusión, la libertad religiosa, teóricamente garantizada por la Constitución, aunque frente a una religión musulmana de Estado, se muestra en la práctica como un derecho enormemente limitado.
Una preocupación importante es la prohibición del proselitismo y las duras penas que se aplican. La libertad para asistir a los servicios religiosos y otras manifestaciones públicas de fe ha quedado gravemente comprometida. La libertad de expresión también ha quedado afectada, en parte por la autocensura de muchos comentaristas.
En general, el estado de libertad religiosa en Libia ha empeorado a lo largo del período estudiado. Se ha producido un incremento del número de ataques a lugares de culto, especialmente cristianos.
Esto se debe a la actuación de varios grupos paramilitares, muchos de ellos compuestos por milicianos islamistas radicales, que ejercen de facto el control sobre gran parte del país.
Es una situación ante la que el Gobierno ha manifestado su falta de capacidad o, según otras fuentes, de voluntad, para intervenir protegiendo a las minorías religiosas.
La violencia generalizada en todo el país (y, sobre todo, la invitación de las autoridades a los grupos religiosos a que abandonen el país) supone que la aplastante mayoría de los cristianos, en especial los extranjeros, se enfrentan a un alto riesgo de sufrir violencia. Otra tendencia generalizada son los violentos ataques contra los musulmanes sufíes, sus mezquitas y sus santuarios.
ALETEIA
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