ISLAMABAD, martes 30 de marzo de 2010 (ZENIT.org).- El presidente de Pakistán, Ali Zardari, anunció el establecimiento de un número telefónico de urgencia para salir en la ayudar de las minorías religiosas oprimidas, indicó Eglises d'Asie, la agencia de las Misiones extranjeras de París (EDA).
El pasado 22 de marzo, Zardari anunció la puesta en marcha de esta línea conectada directamente con el ministerio de las minorías.
Los miembros de las minorías religiosas del país víctimas de la violencia podrán utilizarla para denunciar los actos que sufren y pedir ayuda a las autoridades.
La noticia llega en un contexto marcado por varios casos de violencia atroz cometidos contra cristianos por parte de musulmanes.
El presidente de Pakistán, viudo de la asesinada ex primera ministra Benazir Bhutto, vive recluido en su palacio presidencial entre grandes medidas de seguridad por miedo a los atentados.
Ali Zardari pidió al ministro de las minorías, Shahbaz Bhatti, que es católico, que los contactos entre el ministerio y su gabinete se realizaran de una manera muy estrecha para favorecer la reacción rápida de las autoridades en caso de necesidad.
También abogó por la creación de una comisión nacional interreligiosa encargada de debatir con el Gobierno los temas que impiden la armonía interreligiosa en el país.
Para los responsables de la comunidad cristiana de Pakistán, estos anuncios son bienvenidos y van en la dirección correcta, especialmente si permiten a las minorías religiosas hacerse escuchar por la policía, que muy a menudo rechaza registrar las denuncias realizadas por las víctimas de este tipo de violencia.
Pero estos mismos responsables consideran también que la reacción de las más altas autoridades es débil y llega con retraso respecto a la actualidad de estos últimos días.
El secretario ejecutivo de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia de los obispos católicos de Pakistán lamentó especialmente el silencio que guarda el ministro Shahbaz Bhatti.
Señaló que el Gobierno “no ha tomado hasta el momento las medidas que se imponen para prevenir la violencia perpetrada contra las minorías y perseguir a los autores de esta violencia”.
En los últimos días, los actos de violencia contra los cristianos han sido numerosos y especialmente crueles.
El pasado 22 de enero, una niña católica de doce años falleció a causa de los malos tratos extremos infringidos por su empleador, un poderoso abogado musulmán de Lahore, que después fue acusado por este delito.
También en la provincia de Punjab, otra joven cristiana murió el pasado 10 de marzo a manos de una madame de un burdel que la había vendido a un musulmán y había intentado convertirla por la fuerza al Islam para casarla con él.
Embarazada, la joven tuvo la fuerza de explicar su calvario a la policía, que no quiso registrar su denuncia.
Finalmente, su “marido”, tras enterarse de su iniciativa, la quemó viva rociándola con gasolina.
El 23 de marzo, toda una familia de cristianos al servicio de un rico musulmán de Rawalpindi vio su destino interrumpido.
Arshed Masih y su mujer Martha trabajaban desde hacía cinco años, él como chófer y ella como asistenta doméstica, para el jeque Mohammad Sultan.
Por alguna razón, éste quiso separarse de sus empleados y les pidió que se convirtieran al Islam si querían permanecer a su servicio.
Ante el rechazo de Arshed Masih y de su esposa, fueron creciendo las amenazas y la pareja fue acusada de robar objetos de valor.
Sin ser el autor del robo y negándose a ceder a la petición de conversión, Arshed Masih fue quemado vivo por su empleador el 19 de marzo y su mujer violada por unos agentes de policía que viven frente al domicilio de Mohammad Sultan.
Después de tres días de agonía, Arshed Masih murió en el hospital de la Sagrada Familia de Rawalpindi.
A sus 38 años, dejó tres huérfanos de 7 a 12 años que, según parece, presenciaron el calvario de sus padres.
Por otra parte, ya no en Punjab sino en otras zonas tribales limítrofes con Afganistán, miembros de minorías religiosas también sufrieron actos de violencia de sangre.
A finales de febrero, dos fieles sikhs fueron secuestrados y después decapitados, ya que sus familias, de agricultores pobres, no pudieron pagar la cantidad solicitada.
El 10 de marzo, en la provincia de la frontera del noroeste, un comando sospechoso de pertenecer a los talibanes irrumpió en unos locales ocupados por personal de World Vision.
Seis empleados pakistaníes de esta ONG de inspiración cristiana murieron y otros siete resultaron heridos.
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