Los 56 estados islámicos de la ONU pretenden que la Asamblea General apruebe este mes una resolución condenatoria de la «difamación de religiones», que restrinja la libertad de expresión en Occidente y dé cobertura mundial a la «ley de la blasfemia», vigente en varios países musulmanes. La ley es aún más polémica tras la condena a muerte de la cristiana paquistaní Asia Bibi.
La iniciativa en la ONU está encabezada precisamente por Pakistán como país portavoz de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), el mayor grupo de presión mundial de los estados musulmanes. La OCI cuenta con una mayoría de miembros en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, compuesto por 47 países. Desde hace años, y a impulsos del gobierno de Islamabad, viene aprobando anualmente una resolución en contra de la «difamación de religiones». El texto ya aprobado hace meses en la instancia menor de la ONU condena las críticas que aparecen en la prensa libre contra el islam radical, acentuadas desde el 11-S. El objetivo de los estados musulmanes es buscar los apoyos suficientes en la Asamblea General para aprobar la resolución durante el actual periodo de sesiones.