Al día siguiente de que el pastor estadounidense Andrew Brunson fuese liberado de una prisión turca, otro cristiano que llevaba viviendo dos casi dos décadas en Turquía fue detenido por las autoridades. Le dijeron que tenía dos semanas para abandonar el país, sin su mujer y sus tres hijos. David Byle, evangélico canadiense-americano, no sólo sufrió varias detenciones e interrogatorios a lo largo de los años, también se enfrentó a la deportación en tres ocasiones. En cada una de ellas se libró por sentencias judiciales. Sin embargo, en esa última ocasión no logró evitar el destierro, y abandonó Turquía tras pasar dos días en un centro de detención. Cuando intentó volver junto a su familia, el pasado 20 de noviembre, se le negó la entrada en el país. Según Claire Evans, directora regional de International Christian Concern, "Turquía está dejando cada vez más claro que [en su territorio] no hay sitio para el cristianismo, aunque su Constitución diga lo contrario. No es casualidad que Turquía decidiera iniciar este proceso al día siguiente de la excarcelación de Brunson y que (...) las autoridades ignoraran una sentencia. Debemos tener a la familia Byle en nuestras oraciones durante este periodo de difícil separación".
Brunson y Byle se cuentan entre los numerosos clérigos cristianos que han sido víctimas de la aversión turca al cristianismo. En sus informes anuales sobre violaciones de derechos humanos, que publica desde 2009, la Asociación de Iglesias Protestantes de Turquía detalla la sistemática discriminación de que son objeto los protestantes, que padecen ataques verbales y físicos; además, el Gobierno no reconoce a la comunidad protestante como una entidad legal, y le niega el derecho a crear y mantener libremente espacios para el culto. Los protestantes no pueden crear escuelas o formar a sus propios clérigos, lo que les obliga a depender del apoyo de los líderes de iglesias extranjeras. A trabajadores religiosos y feligreses extranjeros se les ha denegado el permiso para entrar en Turquía o el permiso de residencia, o han sido deportados. Aunque las actividades misioneras no son ilegales según el Código Penal, tanto los pastores extranjeros como los ciudadanos turcos que se convierten al cristianismo son tratados como parias por las autoridades y buena parte de la sociedad. No hay de qué sorprenderse, dados los informes anticristianos de las instituciones del Estado que moldean las políticas del Gobierno. He aquí unos ejemplos:
– En 2001, tras recibir un informe de la Organización Nacional de Inteligencia (MIT), el Consejo de Seguridad Nacional (MGK) declaró que las actividades misioneras de los cristianos eran una “amenaza para la seguridad” y que había que “tomar precauciones contra [esas] actividades divisivas y destructivas”.
– En 2004, la Cámara de Comercio de Ankara (ATO) emitió un informe en el que se afirmaba: “Las actividades misioneras provocan aspiraciones separatistas étnicas y religiosas y atentan contra la estructura unitaria del Estado”.
– En 2005, el ministro de Estado, Mehmet Aydın, declaró: “Creemos que las actividades misioneras [cristianas] se proponen destruir la unidad histórica, religiosa, nacional y cultural (…), [el misionero] es visto como un movimiento sumamente planificado, con objetivos políticos”.
– En 2006, las Fuerzas Armadas Turcas (TSK) elaboraron un informe en el que se referían a los misioneros cristianos como una “amenaza” y hacían hincapié en la necesidad de establecer regulaciones para impedir sus actividades. Ese mismo año, Ali Bardakoğlu, director de Diyanet (el Directorio de Asuntos Religiosos, financiado por el Gobierno), dijo en televisión: “Diyanet tiene el deber de advertir al pueblo sobre los misioneros y otros movimientos que la amenazan”.
– En 2007, Niyazi Güney, funcionario del Ministerio de Justicia, sentenció: “Los misioneros son aún más peligrosos que las organizaciones terroristas”.
